El remate que fundó el mercado inmobiliario de México

Cada 16 de septiembre, México celebra el inicio de su Independencia. Pero la propiedad privada tal como la conocemos hoy la que se compra, se vende, se hipoteca y se desarrolla no nació ese día. Nació casi cuatro décadas después, en un proceso legal mucho menos festejado: la desamortización de los bienes de la Iglesia.

Durante todo el periodo colonial y las primeras décadas de vida independiente, una parte enorme del suelo urbano de México no estaba en manos de particulares. Pertenecía a la Iglesia católica, a través de conventos, cofradías, órdenes religiosas e instituciones eclesiásticas que acumulaban propiedades como parte de su patrimonio institucional. Esas propiedades —conocidas legalmente como "bienes de manos muertas"— casi nunca se vendían, ni se hipotecaban, ni cambiaban de uso. Simplemente permanecían inmóviles, generación tras generación.

La ley que obligó a la tierra a moverse

El cambio llegó con las Leyes de Reforma, un paquete legislativo liberal impulsado entre 1855 y 1859 para separar a la Iglesia del Estado. Dentro de ese paquete, la pieza que transformó al sector inmobiliario fue la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, expedida el 25 de junio de 1856 por el presidente sustituto Ignacio Comonfort, y redactada por su ministro de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada. Es la ley que la historia terminó bautizando, simplemente, como Ley Lerdo.

El argumento oficial detrás del decreto era económico: el gobierno consideraba que la falta de circulación de una parte tan grande de la propiedad raíz era uno de los principales obstáculos para el crecimiento del país. La ley obligó a las corporaciones civiles y religiosas a vender sus fincas rústicas y urbanas a quienes las rentaban o, en su defecto, a sacarlas a remate público. A partir de ese momento, las instituciones religiosas quedaron impedidas de adquirir nuevos bienes raíces, salvo los estrictamente necesarios para el culto.

Tres años más tarde, en 1859, en plena Guerra de Reforma, el gobierno de Benito Juárez radicalizó la medida con la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. Esta nueva disposición fue más lejos que la Ley Lerdo: declaró que los bienes de la Iglesia siempre habían pertenecido a la Nación, y que su liquidación no generaría ningún pago a los antiguos propietarios eclesiásticos. El dinero de las ventas pasaría directamente a las arcas del Estado.

El primer inventario privado del país

El efecto inmediato fue la aparición de una clase completamente nueva: la de los propietarios privados de bienes raíces urbanos, en una escala que México no había visto antes. Inversionistas nacionales y extranjeros, comerciantes y familias con capital disponible se convirtieron, casi de un día para otro, en dueños de fincas que hasta entonces habían sido intocables.

No fue un proceso limpio ni equitativo. La misma desamortización que dio origen al mercado privado también sentó las bases de los grandes latifundios que concentrarían tierra en pocas manos durante el resto del siglo XIX, y dejó fuera a buena parte de comunidades indígenas que no tenían el capital para competir por esas propiedades en los remates. El argumento liberal de "crear una clase media rural, propietaria y próspera" chocó, en la práctica, con una redistribución que benefició sobre todo a quienes ya tenían dinero.

Aun así, el resultado estructural es innegable: fue el primer momento en la historia de México en que una porción masiva de bienes raíces urbanos pasó a circular como mercancía —con precio, con compradores, con la posibilidad de rentarse, transformarse o revenderse—. Ese es, en el sentido más literal, el origen del mercado inmobiliario privado que existe hoy.

Por qué esto le importa a la industria hoy

Contamos esta historia no por nostalgia, sino porque entender de dónde viene una industria ayuda a leer mejor hacia dónde va. El sector inmobiliario mexicano no nació de un mercado libre construido con el tiempo: nació de una decisión de Estado, tomada en medio de un conflicto político e ideológico, que obligó a que la propiedad empezara a moverse.

Casi 170 años después, la lógica de fondo sigue siendo la misma que perseguía la Ley Lerdo: hacer que la propiedad circule, que genere valor, que cambie de manos cuando alguien puede darle mejor uso. La diferencia es que hoy ese movimiento lo impulsan desarrolladores, agentes, plataformas digitales y estrategias de contenido —no decretos de gobierno—.

Cada desarrollo que se lanza hoy en México, cada propiedad que se comercializa, cada metro cuadrado que cambia de dueño, es heredero directo de ese primer gran remate. La Independencia le dio a México un territorio propio. Las Leyes de Reforma le dieron, sin proponérselo, un mercado inmobiliario.

Publicado por AYLEVEL | historia, estrategia y contenido para la industria inmobiliaria de Latinoamérica.